El proyecto de ley de propiedad intelectual que se tramita en el Congreso, fue hecho por el Gobierno a espaldas de la comunidad artística y está implantando normas injustas que amenazan con un retroceso irreparable en la protección de los creadores chilenos:
ARTISTAS DE CHILE
POR UN TRATO JUSTO
1. ATAQUE A LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN DE LOS ARTISTAS. Las autoridades, complacientes con los consorcios internacionales, confían mucho en las grandes empresas y desconfían de la sociedad civil, de los artistas organizados; hablan de participación ciudadana y cuando ésta se produce la quieren echar abajo. >>>>
El debilitamiento intencionado y letal de las sociedades de gestión destruye nuestra forma de organización y liquida la garantía de una propuesta cultural diversa y democrática. La ley pretende ir en contra del ejercicio colectivo de los derechos que nos asisten y nos aseguran una capacidad de subsistir como ciudadanos dignos, en un sistema que se basa en resaltar el capital a secas en desmedro del capital humano y de la creación intelectual. En Chile existen sociedades de gestión colectiva que funcionan de manera eficiente, ejemplar y a la altura de sus contrapartes europeas y de todo el mundo. Estas entidades son fruto del trabajo de años, y representan un contrapeso al poder desmesurado de ciertas empresas.
Las normas e indicaciones presentadas al proyecto de ley someten a las sociedades de gestión colectiva de autores y artistas a las más insólitas exigencias: judicializa el sistema de fijación de tarifas y las obliga a aplicar un sistema de tarifas que convierte en una tarea imposible el ejercicio de los derechos. Si para cada caso hay que imponer una demanda ante los tribunales es indudable que, alargándose los juicios, los más poderosos tendrán el sartén por el mango.
¿Qué beneficio le trae el país la destrucción de nuestras organizaciones civiles? Nos gustaría ver una actitud clara y contundente del Gobierno, respaldando la gestión colectiva y rechazando todas las amenazas que se hacen visibles en esta reforma legal que la comunidad autoral rechaza. La Presidenta Bachelet ha expresado reiteradamente su apoyo a la comunidad artística y en especial a la necesidad de fortalecimiento de la gestión colectiva, y no se entiende que en esta ley en trámite ocurra precisamente lo contrario.
Debe recordarse que la ley 19.166 que estableció la gestión colectiva, es la primera iniciativa legal obtenida luego de la recuperación de la democracia, y es una conquista esencial de los artistas en el marco del nuevo escenario político y cultural de nuestro país.
2. EL NEGOCIO DE LOS ISPs NO PUEDE HACERSE IGNORANDO A LOS ARTISTAS. La banda ancha se basa en la difusión de obras de artistas y autores, pero no se les paga nada. Es correcto que cada cual gane lo suyo, pero no es correcto lucrar con obras de otros. Que las empresas de banda ancha no se queden con lo que no les corresponde. >>>>>
La ausencia total de responsabilidad legal de las grandes operadoras de telecomunicaciones por el uso no licenciado de contenidos creativos, bajo la bandera del libre acceso a la cultura, en verdad apunta al control de los servicios ofrecidos a través de las redes digitales.
Para estas empresas el negocio de banda ancha, que se nutre de nuestras obras y creaciones artísticas, es la base de la afluencia de sus clientes.
No es cierto que en Internet los usuarios no estén pagando por la música, los videos, las imágenes y los textos. Éstos no son "gratis". En el mercado nada es gratis. Para descargar hay que pagar por una conexión de banda ancha y es ahí donde se hace el pago: pero esos ingresos sólo llegan a esas operadoras. Y a los creadores les llega cero.
Las empresas ISP son mayores de edad y deben hacerse responsables de sus actos. En cambio, se han repuesto indicaciones para establecer un sistema de irresponsabilidad total de los ISPs. Resulta que los intermediarios entre los creadores y los usuarios se llevan el 100% de los beneficios. Esto es un escándalo. La ley está facilitando la irresponsabilidad. Esto se convierte en un virtual pirateo legal.
No puede aceptarse esta desvinculación de una industria de enorme poder e influencia política y económica, dejando a los artistas, que son la parte más débil de la cadena de valor, inermes frente al aprovechamiento de sus creaciones.
3. SUPRESIÓN SISTEMÁTICA DEL CONCEPTO AUTOR Y ARTISTA: LA CULTURA NO EXISTE SIN SUS CREADORES. Se trata en este caso de una contradicción a todos los discursos oficiales a favor del arte y la cultura. Un nuevo doble estándar: hagamos vivir a la cultura, que desaparezcan de los textos legales los artistas y autores. >>>>>>>
La supresión sistemática en la ley de los conceptos “autor” y “artista”, sustituyéndola por el genérico “titular de derecho” vacía las normas del contenido simbólico que representa la protección de los creadores y la cultura, y lo transforma en un derecho de las empresas, como si ya no tuviera sentido legislar a favor de las personas naturales que realizan las obras y las interpretan, y que encarnan el patrimonio cultural de la nación. Esta es una cosificación premercantil de matriz anglosajona, ajena a nuestros valores. Que los legisladores sepan que quienes estamos luchando por esto somos personas, autores, artistas, y no entes abstractos. |
